Este artículo fue publicado en Esglobal el 9 de Junio de 2014.
El día que Dilma Rousseff ganó las elecciones en Brasil, las portadas de los periódicos eligieron la foto de la nueva presidenta arropada por el señor Lula, quien le da un beso en la frente mientras rodea su cabeza con un gesto de ternura. También Cristina Fernández de Kirchner tuvo a su lado en las portadas a un hombre el día que pasó de ser Primera Dama a ser presidenta de Argentina: su marido le ayudó a sostener y alzar el cetro presidencial. Su gesto paternal sirvió para legitimar de forma simbólica la victoria electoral de su esposa.
América Latina ha dado pasos de gigante en estos últimos años hacia la igualdad: las presidencias de Rousseff y Fernández, junto con las de Michelle Bachelet en Chile y la de Laura Chinchilla en Costa Rica, han supuesto un hito histórico y tienen un enorme valor simbólico. Sin embargo, la cuestión es si sus liderazgos están contribuyendo al empoderamiento colectivo y a la paridad democrática.
Las presidencias femeninas apenas han transformado las estructuras de poder patriarcal de las democracias de sus países, que siguen basadas en el modelo presidencial: una figura de máxima jerarquía rodeada de un núcleo pequeño de gente que toma decisiones. Las estadísticas nos demuestran que las mujeres de América Latina y el Caribe han aumentado su tasa de participación política en algunas áreas, principalmente en los parlamentos: en Argentina el número de mujeres parlamentarias ha aumentado del 6% al 37,4% en diez años, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 2014. En Costa Rica aumentó del 10% al 38%, en Chile del 7,5% al 14,2% y en Brasil del 5 al 8%, país en el que también aumentó el porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales, pasando del 10,7% al 22,6%.
En paralelo, se percibe un ligero aumento de la participación de las mujeres en el ámbito de la política local: el porcentaje promedio de concejalas de América Latina y el Caribe aumentó desde el 13.7% en 1998, al 25.2% en 2012. Muchos países, sin embargo, se encuentran lejos de las cuotas de paridad: en Argentina, el número de alcaldesas aumentó del 6 al 10%; en Chile, del 9 al 12%; en Bolivia, del 3 al 7%, según datos de CEPAL de este año.
Algunos países latinoamericanos han puesto en marcha una serie de medidas para incentivar la participación política de las mujeres, como por ejemplo garantizar el acceso de miles de ellas a la obtención de papeles y documentos legales o la aprobación de una ley para eliminar la violencia y la discriminación hacia mujeres que participan en actividades políticas. En Bolivia estas medidas han supuesto un notable incremento de la participación de las mujeres en sindicatos, partidos políticos, organizaciones vecinales, corporaciones municipales y movimientos sociales.
Aunque las presidentas acaparen los focos de atención, las organizaciones de mujeres están jugando un papel fundamental en el camino hacia el desarrollo de toda América Latina y el Caribe. Asuntos como el derecho al agua de las poblaciones, el derecho a la tierra del campesinado, la soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas, la defensa del medioambiente, los derechos de la población LGBTQ, la lucha contra el turismo sexual o la trata de mujeres y niñas son algunas de sus demandas.
Bajo mi punto de vista, ellas son las verdaderas protagonistas de los cambios en todo el continente. Con su trabajo están contribuyendo al empoderamiento colectivo, porque con sus luchas están aportando en la mejora y transformación de sus comunidades, de sus países y de la región. Muchas organizaciones están trabajando desde otros modelos de liderazgo femenino que no están basados en figuras autoritarias que representan al resto. Cada vez son más las mujeres latinoamericanas trabajando en redes horizontales, locales, nacionales e internacionales y están experimentando diversas metodologías de trabajo e equipo que involucran a toda la comunidad. Este modelo participativo convierte a todos sus miembros en beneficiarios y, a la vez, en actores principales de sus proyectos.
Los mayores obstáculos para la igualdad en América Latina son la pobreza extrema, la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de su vida -social, político, económico, familiar- y la violencia que existe contra lideresas, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas. Los datos nos demuestran que el desarrollo no es posible sin el empoderamiento femenino: en la medida en que se avanza hacia el logro efectivo de los derechos de las mujeres, se logra mejorar la situación y calidad de vida de la población entera. En aquellos países de América latina y el Caribe donde se ha dado un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, disminuyó la pobreza: un 70% en Chile, un 120% en Ecuador, un 103% en México.
Una de las principales causas de la pobreza extrema en el continente es el desigual reparto de las tierras: ellas poseen tan solo el 20% de las tierras, mientras que los hombres poseen el 80% según datos de la FAO de 2011. Paraguay, por ejemplo, es el país más pobre de América Latina: sólo un 2% de la población tiene el 80% de las tierras y de ese porcentaje la gran mayoría son hombres. Son muchas las organizaciones que están trabajando en esta área para garantizar a las mujeres su derecho a la titularidad de las tierras, pero es esencial que los gobiernos latinoamericanos garanticen, mediante leyes y políticas públicas, la titularidad de las tierras, el acceso al agua, y los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos: empresarial, judicial, económico, social, político, cultural.
En el ámbito laboral, los Estados deben de seguir trabajando para reducir la brecha salarial y dignificar y mejorar las condiciones laborales de las mujeres. La mayor parte de las latinoamericanas, además, sufren serias dificultades para conciliar su vida laboral y familiar. Una situación que limita su capacidad para participar en política: la sobrecarga de trabajo femenino y la conciliación laboral son dos de los grandes desafíos de las políticas públicas de los gobiernos actuales en América Latina y el Caribe, según ONU Mujeres.
Las tasas de violencia contra las mujeres son otro indicador del largo camino que nos queda por recorrer para alcanzar la igualdad y para garantizar los derechos humanos de la mitad de la población del continente latinoamericano. Un reciente estudio de la Organización Panamericana de la Salud señala que entre el 17 y el 53% de mujeres de doce países de América Latina y el Caribe han reportado haber sufrido violencia sexual o física de parte de un compañero íntimo. El mismo estudio también indica que 2 de cada 3 mujeres son asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres.
En el informe de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, en sus siglas en inglés) sobre los feminicidios cometidos en todo el mundo, se muestra como 14 países de la región se encuentran entre los 25 países con los mayores índices. El Salvador ocupa el primer lugar, Guatemala el tercero y Honduras el séptimo. Más de las tres cuartas partes de los países de la región ya están ejecutando políticasy/o planes nacionales contra la violencia de género en todas sus formas: feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual o tráfico de personas migrantes, entre otros.
Por su parte, los informes de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas estiman que más de cinco millones de mujeres y niñas son víctimas de trata de personas en América Latina y el Caribe, más de 500.000 de todos esos casos tienen lugar en México. En el país americano, según el Informe Sombra 2010 realizado por CATWLAC (Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe), desaparecen cada mes más de 60 mujeres y niñas. México es el país latinoamericano con las tasas más altas de violencia contra las mujeres: los feminicidios aumentaron un 106.6% desde el año 2007 hasta la actualidad.
Estas terribles cifras han tenido impacto en la comunidad internacional y en la cooperación al desarrollo: la lucha contra los feminicidios, la explotación, la pobreza y la violencia contra las mujeres son algunos de los objetivos prioritarios de la agenda post 2015 de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio). Todos los organismos internacionales coinciden en la necesidad de contar con las mujeres y sus organizaciones en el camino hacia el desarrollo y la paz, pues hasta hace poco no se las ha reconocido como protagonistas de la transformación que se está llevando a cabo en América Latina.
Las industrias culturales y los medios de comunicación deben asumir también la responsabilidad social y política que tienen para impulsar cambios mostrando el protagonismo de las mujeres, visibilizando, documentando y difundiendo el trabajo de las organizaciones y los colectivos de mujeres.
En el ámbito político y legislativo, es necesario despatriarcalizar y descentralizar el poder político; al mismo tiempo se debe abrir el camino hacia la consolidación de modelos democráticos más plurales, participativos, abiertos e inclusivos. El camino hacia la igualdad y el desarrollo pasa por la creación de espacios de participación ciudadana, redes de trabajo horizontales, canales de comunicación entre organizaciones de base y los gobiernos e instituciones, espacios de debate locales, nacionales y regionales en las que las organizaciones de mujeres y las mixtas puedan ampliar su capacidad de incidencia política.
Es fundamental aprovechar todo el potencial y el trabajo de las redes feministas y los colectivos de mujeres en toda América Latina y el Caribe, pues están jugando un papel fundamental en el camino hacia la igualdad, la paz y el desarrollo. Ellas no pisan alfombras rojas ni lucen en las portadas, pero son, sin duda, las verdaderas protagonistas del cambio en todo el continente.
Coral Herrera Gómez
Publicado en Esglobal, la revista de FRIDE, un think tank europeo para la acción global. Su misión es influir en las políticas y prácticas públicas con el fin de asegurar un papel más eficaz de la Unión Europea en su apoyo al multilateralismo, los valores democráticos, la seguridad y el desarrollo sostenible. Como organización políticamente independiente, FRIDEofrece un análisis riguroso de los complejos debates sobre las principales cuestiones de las relaciones internacionales y proporciona ideas innovadoras sobre la democracia y los derechos humanos, Europa y el sistema internacional, conflicto y seguridad, y cooperación al desarrollo.
